Al ser un impuesto coparticipable, el decreto afectó los ingresos provinciales y, por extensión, los municipales, pero Ramos Padilla tiene jurisdicción en Villa Gesell, comuna gobernada por el intendente Gustavo Barrera (peronista), que reclama que le devuelvan 6.000.000 de pesos de la coparticipación.
Unas 15 provincias se presentaron ante la Justicia para reclamar lo mismo que pide Barrera.
El intendente planteó la inconstitucionalidad de los decretos de Macri por la pérdida de recursos coparticipables que le representan las medidas del Gobierno.
"El Gobierno tiene tres días para contestar y después la Justicia resolverá. Creo que nos tendrían que respetar y hacer lugar a la inconstitucionalidad, porque nos están sacando recursos que ya estaban programados y aprobados y que no son compensados", expresó Barrera.
Los decretos 561 y 567, dijo Barrera, le provocan un perjuicio mensual millonario a ese municipio.
Ramos Padilla se declaró competente y emplazó al Poder Ejecutivo para que dentro de los tres días de notificado se expida y fundamente las normas presidenciales dictadas luego de las PASO.
El intendente se presentó ayer en la Casa Rosada para notificar al Poder Ejecutivo de la resolución. "Tiene tres días para contestar, después Ramos Padilla resolverá en consecuencia. Creo que nos tendrían que respetar y hacer lugar a la inconstitucionalidad, porque no están sacando recursos", expuso.
